El Congreso de Nuevo León está a la espera de que el gobernador Samuel García remita el Paquete Fiscal 2025 completo a dos días de que venza el plazo constitucional, sin embargo, aseguró que no dará un cheque en blanco para endeudar al estado.
Fue a través de un comunicado que Ivonne Álvarez, presidenta de la Comisión de Presupuesto, expresó que están abiertos al diálogo para comenzar con el análisis presupuestal pese a que éste fue entregado dos años incompleto y fuera del plazo.
“No tenemos confirmada si habrá otra reunión con el gobernador o con el tesorero, pero lo principal es que cumplan con la obligación constitucional de presentar el paquete 2025 en tiempo y forma. Esperemos que lo hagan, a diferencia de lo que ha pasado en los dos años anteriores”.
“Al final de cuentas tendremos que analizar el documento a conciencia, no podemos emitir un cheque en blanco en materia de deuda, ni vamos a pasar el documento sin el análisis correspondiente. Estamos en una crisis financiera que nos obliga a ser muy responsable y muy cuidadosos”, dijo Álvarez en el comunicado.
El objetivo, subrayó la priista, es construir un presupuesto equilibrado, con una visión municipalista, para fortalecer a los 51 municipios que por meses han peleado fondos y participaciones sin que el Estado, según alcaldes, haya transferido lo que les corresponde.
Fuentes legislativas informaron que el tesorero Carlos Garza estaría convocando a una nueva y última reunión este martes, un día antes de remitirlo, según versiones extraoficiales.
Miguel Ángel Flores, coordinador de Movimiento Ciudadano, informó que el tesorero los estaría convocando a otro diálogo, al tiempo que hizo un llamado a priorizar proyectos ciudadanos y no los intereses personales de la oposición.
“Se está trabajando, nosotros sabemos que el tesorero Carlos Garza está trabajándolo, muy seguramente nos va a convocar el martes para estar con él, y yo espero que los compañeros de las otras bancadas vean por el bien de la ciudadanía, por el bien de Nuevo León”.
“Que no vean por sus intereses personales y partidistas, y no intenten mover hacia los intereses que no son por el bien de Nuevo León, ojalá y estos actos que hemos tenido sean reales, que no sean solamente o que se queden en el principio, que realmente se puedan hacer acuerdos que le convengan a la ciudadanía”, apuntó Flores.
Carlos de la Fuente, líder del PAN, afirmó que su bancada tiene voluntad por comenzar con el análisis presupuestal, por lo que solicitó al ejecutivo enviar el Presupuesto para que no haya problemas financieros como ocurrió este 2024.
“Claro que hay voluntad, nosotros hemos estado asistiendo a las reuniones que nos han invitado con la voluntad de ver cómo sí, y claro que necesitamos que el gobernador cumpla su palabra de avanzar en la deuda a los municipios y la publicación de los decretos y acuerdos que debe”, enfatizó.
Por último, Jesús Elizondo, diputado de Morena, manifestó que como integrante de la Comisión pedirían que se contemplen recursos necesarios en materia de movilidad para solucionar las largas filas de transporte público.
“No dijeron que este año sí va a haber presupuesto y estamos muy al pendiente, espero que ese presupuesto sea equilibrado, y que incluyan en programas sociales que no se recurra endeudamiento excesivo ni las construcciones excesivas y que sea al final un presupuesto que incluya a todos.
“Lo ideal es que sea un presupuesto donde participen todas las fuerzas políticas, y como Morena vamos a buscar que en ese presupuesto se apoye a los grupos vulnerables, que estén los programas federales y que no haya acceso de ningún tipo”, finalizó.
El viernes pasado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, insistió en privilegiar la unidad con los diputados locales, esto en busca de la aprobación del Presupuesto 2025.
A inicios de septiembre pasado, tras dos años de no entregar la documentación completa, el Gobierno de Nuevo León entregó al Congreso local el Paquete Fiscal 2024, pero los diputados advirtieron que no lo aprobarían.
Desde el 2022, el Gobierno del Estado, diputados locales, alcaldes y organismos autónomos han “peleado” en tribunales y hasta la Suprema Corte para tener los recursos necesarios.
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