En un reciente informe, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló un incremento significativo en las solicitudes de seguridad por parte de candidatos electorales en México. Hasta el 27 de marzo, 107 personas habían requerido protección estatal a través del organismo autónomo, reflejando una creciente preocupación por la integridad de las candidaturas en el contexto político actual.
De estas solicitudes, 68 ya habían sido atendidas con medidas de protección, mientras que 31 aún estaban en proceso de trámite. Además, una persona solicitó protección a la policía estatal, cinco retiraron sus solicitudes antes de recibir respuesta de la Guardia Nacional, y dos más desistieron después de que esta última accediera a protegerlas.
Humphrey subrayó la importancia del tema de la seguridad para las consejerías del INE, aunque recordó que la institución carece de facultades para influir directamente en este aspecto. En cambio, el INE actúa como intermediario, canalizando las peticiones de seguridad hacia las autoridades pertinentes.
Entre las novedades destacadas para las elecciones venideras, se encuentra la posibilidad de voto en prisión preventiva, el voto anticipado para personas en situación de postración, así como tres modalidades de voto desde el extranjero, entre otras medidas destinadas a mejorar la participación democrática.
El informe anterior del 21 de marzo reveló que 83 candidatos federales ya habían solicitado seguridad para sus recorridos de campaña, evidenciando una tendencia al alza en comparación con procesos electorales anteriores.
Es importante recordar que la demanda de seguridad por parte de candidatos federales ha experimentado un notable incremento en este proceso electoral. Mientras que un mes antes de la elección de 2018, solo 30 aspirantes habían solicitado respaldo, en el presente proceso la cifra se eleva a 107, demostrando la creciente preocupación por garantizar condiciones seguras para el ejercicio democrático.
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