En una decisión trascendental, la jueza federal de distrito Rosemary Márquez, con sede en Tucson, Arizona, ha permitido que el gobierno de México avance en su demanda contra cinco empresas vendedoras de armamento de Arizona. La demanda, que acusa a estas empresas de estar involucradas en el tráfico ilegal de armas y municiones hacia los cárteles de droga mexicanos, ha superado un importante obstáculo judicial.
La decisión de la jueza Márquez representa un golpe significativo para las empresas demandadas, quienes habían invocado la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) en su defensa. Esta ley, diseñada para proteger a la industria de armas de fuego contra demandas por el mal uso de sus productos, no ha sido suficiente para disuadir el avance de la demanda mexicana.
Al desestimar los argumentos de las empresas, la jueza Márquez ha respaldado las afirmaciones plausibles presentadas por México, las cuales, según su criterio, están exentas de la protección de la PLCAA. Entre estas afirmaciones se incluyen presuntas violaciones de varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, que habrían causado daño directo a la nación latinoamericana.
La demanda presentada por México sostiene que los comerciantes de armas facilitaron deliberadamente el tráfico de armas de asalto y municiones hacia los cárteles mediante prácticas imprudentes e ilegales. Este paso legal marca un hito en los esfuerzos de México por combatir el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, que ha alimentado la violencia en el país durante décadas.
Aunque la mayoría de las reclamaciones legales presentadas por México avanzarán en el proceso judicial, la jueza Márquez ha desestimado algunas de las acusaciones individuales, incluida la referente a la violación de la ley estadounidense contra el crimen organizado. Sin embargo, esto no ha disminuido el optimismo del equipo legal mexicano, liderado por destacados abogados como Jonathan Lowy, presidente del grupo de defensa del control de armas Acción Global por la Violencia Armada.
La decisión judicial en Tucson llega después de un intento previo en 2021, cuando un juez federal de Boston desestimó un recurso similar presentado por México para responsabilizar a varios fabricantes de armas estadounidenses. Este último fallo subraya la complejidad y la importancia de la lucha internacional contra el tráfico ilegal de armas y su impacto en la seguridad regional.
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