El juez octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional al Ejecutivo Estatal, lo que significa que la Comisión Anticorrupción se debe abstener de emitir el dictamen definitivo para que sea puesto a votación del Pleno, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.
“Debe otorgarse la suspensión provisional del acto reclamado a Samuel Alejandro García Sepúlveda, para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento instaurado en su contra, las autoridades encargadas de su instrucción se abstengan del dictado de la resolución que ponga fin al mismo.
“Es decir, que el Congreso de Nuevo León y la Comisión Anticorrupción se abstengan de emitir el dictamen definitivo para que sea puesto a votación del Pleno hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual implica a su vez que no sea citado a comparecer a la fecha programada para ello, o bien, no se verifique ante su incomparecencia”.
El juzgador federal indicó que en el caso se cumplen los requisitos para el otorgamiento de suspensión provisional, pues se estima que se encuentran reunidos los requisitos legales señalados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que de conformidad con su fracción I, es la parte quejosa quien solicita la medida suspensional en estudio.
“También se cumple con lo señalado en su fracción II, pues con su otorgamiento no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además, de llevarse a cabo el acto objeto de esta suspensión, ocasionarían a la incidentista quejosa, daños y perjuicios de difícil reparación”, indica.
La Comisión reanudaría hoy a las 16:20, pues ayer, por mayoría, acordó no ha lugar a la solicitud de diferimiento de audiencia realizada por el gobernador Samuel García, con lo que estaba obligado a comparecer, de manera presencial o por escrito, para que explique por qué no presentó en tiempo y forma el presupuesto 2023.
El juzgador destacó que esta medida en ningún momento impide a las responsables continuar por las demás etapas procesales del sumario instruido en contra del quejoso, pues a lo que quedan obligadas es a emitir la resolución que ponga fin al mismo.
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