En la ruta hacia una Pensión Universal para las Personas con Discapacidad con gobiernos estatales, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, advirtió que no se cansará de visitar a los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, que aún no han dispuesto recursos para ello.
En primera ronda de respuestas durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, la encargada de los programas sociales de la 4T aclaró a los grupos parlamentarios que dicha pensión aún no es universal; por ello solicitó a la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, la interlocución con ambos gobiernos emanados de su partido.
“Aún no es universal. Nada nos daría más gusto que lo fuera, pero no me voy a cansar de visitar a los gobernadores y gobernadoras que aún no han dispuesto recursos para ello. Le voy a pedir mucho apoyo Gloria que nos ayude porque ahí creo que tenemos una muy buena interlocución para acercarnos a los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León”, comentó en tribuna.
La Secretaria de Bienestar detalló que sí ha hablado con el Gobierno de Nuevo León, quien ha firmado el convenio marco, “pero yo no voy a dejar de insistir y él —el gobernador Enrique Alfaro— me dejó la puerta abierta la última vez que estuve en su oficina”.
“Aquí se trata, nuestra historia de vida es hacer el trabajo casa por casa y a mí me toca hacer este trabajo de gobierno por gobierno hasta alcanzar la universalidad para personas con discapacidad que hoy viven una situación vulnerable”, asentó Montiel Reyes.
Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, explicó que la Pensión Universal para las Personas con Discapacidad sí tiene un mecanismo de evaluación de la discapacidad y la Secretaría de Bienestar está de acuerdo que exista un certificado de discapacidad.
Para ello trabajan con la Secretaría de Salud en una norma oficial mexicana para que cualquier médico pueda emitir este certificado. Mientras tanto seguirán aplicando el cuestionario de las preguntas de Washington, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas que mide de una manera rápida pero eficiente la funcionalidad y el grado de discapacidad.
La finalidad es que el Gobierno de México aporte 50 por ciento y los gobiernos estatales el otro 50 por ciento del presupuesto que se requiere para que todas las personas con discapacidad permanente puedan acceder a la pensión, sin distinción.
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